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Desmitificando la Tributación Minera

Mucho se ha hablado, especulado, alabado o criticado sobre el mal llamado proyecto de “royalty” aprobado esta semana por el Congreso Nacional. Si bien es cierto que en toda la profusa literatura emanada por estos días hay cuotas de verdad, lo que más llama la atención son los mitos que han surgido y que a la hora de diagnosticar cuál es la situación tributaria de las mineras se erigen como verdades absolutas, incuestionables y que posicionan a los sectores sociales, económicos y políticos en dos bandos irreconciliables, en los cuales la reflexión objetiva y profunda casi no tiene espacio.

No seré yo quien levante los brazos en señal de que poseo la verdad ni mucho menos, pero creo que en el debate sobre los recursos naturales no renovables -cuyo dominio nos pertenece a todos, tanto en su aspecto ético como legal- es un tanto irresponsable no informarse y no sustentar una opinión que exprese una postura acerca del tema. Por ello he decidido escribir acerca de esta modificación al Impuesto Específico para la Gran Minería, tratando de desmitificar algunas concepciones preconcebidas pero no digeridas. Cualquier aporte es bienvenido.

Como primera cuestión, se dice que las grandes mineras no pagan tributo alguno. Aquella frase no es del todo exacta. Si bien es cierto que hace un tiempo atrás y con ocasión del terremoto, en este mismo blog sostuve que de 44 mineras sólo 2 pagaban ocasionalmente impuestos (ver acá), reconozco que la información con la que contaba no estaba del todo actualizada.  Efectivamente y antes del año 2003 en donde el precio del cobre subió espectacularmente, hubieron casos emblemáticos de empresas mineras que operaron en Chile durante toda una vida, agotaron el mineral y no pagaron un peso por concepto de impuestos al Estado por presentar en sus declaraciones sólo pérdidas. Casos como Disputada de Las Condes o El Indio (ésta de oro) son ejemplos patentes de que en la década pasada los excesivos beneficios tributarios con los que cuenta toda empresa en Chile, generaron una especie de gabelas para las mineras. La gigantesca cuantía de las inversiones, en conjunto con la cantidad de nuevos proyectos que comenzaron por la llegada de la democracia -permitiéndose de paso el estudio sobre el impacto que causaban las prerrogativas otorgadas por el DL 600- provocaron una especie de paraíso tributario intolerable para la inversión foránea y en específico, para la Gran Minería. Si hubiésemos escrito este artículo a comienzos de éste siglo, con toda propiedad podríamos decir que las mineras no solucionaban ningún tipo de impuesto.

No obstante, el panorama cambió y los balances tributarios comenzaron a ser relativamente coherentes con los financieros. Desde el año 2005 al 2008 el precio del CU subió, lo cual se notó en la recaudación. Según datos de Cochilco, se obtuvieron, por pago de impuestos, más de US$3.200 millones en dicho periodo, cifra que se vio mermada drásticamente en el 2009 cuando el precio cotizado en la Bolsa de Metales en Londrés bajó a US$ 2,3 la libra. Si bien es cierto que la carga tributaria efectiva a soportar por las mineras es menor que la de cualquier persona en Chile (resabio anacrónico del Sistema Tributario chileno que distingue entre rentas de capital y de trabajo), el buen precio del metal rojo en conjunto con la consolidación de las inversiones hechas durante la década de los 90, permitieron que la mayor parte de las 10 Grandes Mineras privadas(GMP10) tributaran efectivamente en nuestro país.

Ahora, como segunda cuestión o mito a derribar es lo que se señala desde el lobby minero: el desenvolvimiento impositivo real de las cupríferas es el óptimo e incluso mayor que cualquier otra empresa chilena. Se señala a este respecto que una empresa soporta una carga del 17%  o sea, el Impuesto de Primera Categoría. En cambio ellas, amparadas en su mayoría por el D.L. 600, poseen un régimen más gravoso al tener dos opciones de tributación: pagar tasa invariable de 42% sobre resultado operacional del Art 11 bis. o bien acogerse a la reforma a dicha normativa legal impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos y pagar el 35% como toda persona no domiciliada en Chile (Impuesto Adicional) más el Impuesto Específico a la Minería, tasa máxima e invariable que puede llegar hasta el 5% (Art 11 ter. DL 600 y Art 64 bis. D.L. 825 Ley de Impuesto a la Renta, artículos agregados por la Ley 20.026 de 2005). En base a estas disposiciones legales y tendiendo sobre la mesa los resultados obtenidos desde el 2006 a la fecha, la carga real promedio de las mineras es de un 37%. A pesar de estos porcentajes -a primera vista objetivos, el razonamiento tiene algunas falacias que distorsionan el análisis sobre el rendimiento tributario de las grandes mineras. Es necesario, entonces, ver un poco más allá, tratando siempre de mantener la imparcialidad en un tema que hoy se encuentra un tanto nublado por la necesaria discusión política.

En mi opinión, lo que hace el argumento es mezclar peras con manzanas. Una cosa es la tributación de la empresa y otra cosa es la tributación de los socios. Éstos, como todos sabemos, deben pagar el Impuesto Global Complementario si residen en Chile, el cual aplica una tasa altísima que puede llegar al 40%. En cambio, las transnacionales del cobre tienen -como vimos- de una carga levemente menor, que sumada a la invariablidad tributaria asegurada por medio de los contratos-ley que celebran con el Estado, terminan gozando de un régimen jurídico privilegiado, por cuanto ninguna ley posterior podrá hacerles más gravosos sus términos impositivos.

Quizás lo anterior es una aclaración conceptual que tiene poca relevancia en lo económico. Sin embargo, lo que es central es la capacidad con la que cuentan las grandes empresas mineras para generar pérdidas tributarias, capacidad que dicho sea de paso, no tienen la mayoría de las empresas chilenas y que son la fuente principal de empleo de nuestra economía. En un primer momento, no es atípico que estas pérdidas no tengan correlación alguna con las utilidades financieras, pro si se examinan los vehículos utilizados para tal efecto, podemos ver que hay ciertas anomalías imperiosas de corregir.

Cuestiones como los precios de transferencia, en los que la minera constituida en Chile vende a una filial suya en el extranjero el cobre a menor precio que el establecido en el mercado; la refinación de la tierra en el extranjero, sacando no solamente cobre, sino también oro y plata sin pagar por ello y disminuyendo el valor del mineral; la sobreproducción de cobre para bajar su cotización, o la venta de mercados futuros para generar pérdidas impropias de una empresa con real compromiso país son temas que la autoridad minera y el legislador deben ver con urgencia, pues son argücias utilizadas directa o indirectamente, para eludir la obligación tributaria.

Por lo anterior, la modificación al Impuesto Específico aprobada este mes por el Congreso parece ir en la dirección correcta, por cuanto aumentará la recaudación en base a las resultado operacional que obtengan las mineras. El proyecto de ley contempla una tasa impositiva progresiva que va del 5% al 14%, cuando se obtengan utilidades de 85% por sobre el ejercicio. Sin embargo, esta nueva ley no viene de manera alguna a cambiar el paradigna en el trato impositivo, ya que no legisla sobre el fondo, ni se hace cargo de los reales problemas que enfrenta la aplicación de los tributos. Lo que sí es importante destacar es que esta alza en el Impuesto Específico a la Gran Minería dejará la carga tributaria total de las mineras en un 41%, ya que si se dan los mismos resultados que en estos últimos 3 años, con un precio del cobre altísimo, el impuesto a cobrar será de un 7,8% en promedio. Empero, esto nos muestra a su vez, que a ninguna minera se le aplicará el 14%, por lo que las modificaciones realizadas por la bancada de la Concertación al proyecto inicial presentado por el Ejecutivo, parecen ser más panfletarias que realistas.

¿Y la aplicación de un royalty? La eterna discusión regalía versus impuesto específico carecería de importancia si tanto el legislador como el contribuyente de la gran minería fuesen exhaustivos en sus respectivos ámbitos de injerencia en el tema. Sin embargo y teniendo en cuenta la complejidad que exhibe nuestro sistema tributario, podría ser beneficioso para el país el cobro de un canon minero o bien, que dichas mineras pudiesen tributar sobre renta presunta, tal y como lo hacían los pocos proyectos establecidos antes de 1991, quedando de esa forma un royalty de facto e indexado a las ganancias por venta que posean las transnacionales. Si tenemos en consideración que ya están anunciados nuevos proyectos mineros por la suma de US$ 50.000 millones, perfectamente se podría incluir en algún nuevo trato, ampliando la invariablidad impositiva, y a la vez manteniendo la tasa por el cobro administrativo. En cuanto a la aplicación de los negocios ya iniciados, es patente que por política nacional y por razón judicial, habría que esperar el plazo indicado en los contratos-ley suscritos en el año 2006, es decir, el año 2018, ya que éstos se acogieron al Art 11 ter. del D.L. 600 que hace al Impuesto Específico del Art 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta incompatible con cualquier otro cobro, renta, canon o regalía que tenga como fin la actividad de extracción minera.

La actividad minera es el motor de la economía chilena. Creo que es beneficioso para el país su explotación y en eso los capitales privados han realizado un aporte. No obstante, el diagnóstico que resulta al estudiar su contribución a la Hacienda Pública por concepto de impuestos es deficiente y eso requiere de una pronta solución. Entre nuestra clase política y principalmente los sectores conservadores defienden a ultranza la estabilidad de los convenios las las grandes mineras y en general, toda modificación que tenga cierta repercusión en la inversión les parece nociva. Si bien es cierto que el respetar las reglas del juego es clave para el desarrollo, en un mismo nivel de importancia está la equidad social y la igualdad en el acceso a una riqueza que pertenece a todos. Si la comunidad, por medio del Estado, permite de buena fe al inversionista el acceso a riquezas no renovables, a la vez puede exigir a las instituciones velar por su propio destino, puesto que el cobre no es para siempre.

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  1. noviembre 2, 2010 en 2:01 am

    Interesante el tema, sería bueno que los legisladores se pusieran de acuerdo con lo del royalty….

  2. marzo 9, 2011 en 7:18 am

    Esque cuando se mezcla recaudación y sostenibilidad, entramos en conflictos.

    Lo que está claro es que todos los países tienen ya que ponerse deacuerdo en este asunto, sino, puede llegar el punto en el que sea demasiado tarde.

    Y “en un mismo nivel de importancia está la equidad social y la igualdad en el acceso a una riqueza que pertenece a todos”, está correcto, todos deben salir beneficiados, no siempre los mismos.

    Estoy deacuerdo con María también.

    Un saludo y felicidades por el artículo, la redacción es impecable.

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