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Que las mineras paguen… pero no por royalty


Con ocasión de la terrible tragedia que azotó a nuestro país el pasado 27 de Febrero, se ha iniciado en la arena pública una interesante y necesaria discusión en torno al financiamiento de la reconstrucción nacional que tendrá que liderar el gobierno de Sebastián Piñera. Básicamente, se discute de dónde deben provenir los recursos para dicha tarea. El tema -por su índole excepcional- ha alcanzado una relevancia insospechada al contemplar dentro de las opciones, una posible alza de los tributos a las empresas y mineras. El  reajuste fiscal que pretende llevar a cabo el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, lograría un ahorro de US$700 millones, lo cual permitiría  enfrentar las emergencias más inmediatas, pero resultará insuficiente si no se define una política de Estado nítida que obtenga recursos con los menores efectos regresivos posibles.

Es por ello que recurrir a los impuestos de la Minería  se vislumbra como la alternativa más ventajosa en comparación a otras opciones de financiamiento. La “Gran Minería” -al contrario de lo que el Consejo Minero ha comunicado- ha operado en Chile casi sin pagar tributo alguno, por lo que es al menos, una obligación moral el que sean los principales contribuyentes para superar todo el daño emergente causado por el terremoto. En esta misma dirección, muchos han hablado de elevar el royalty (Impuesto Específico a la Minería) pero esto presenta algunos inconvenientes que no lo hacen la mejor de las decisiones: de partida es un impuesto que se aplica sobre el resultado operacional de las mineras. Al ser así, será fácil a las transnacionales evadirlo, pues por sus cuantiosas inversiones pueden abultar gastos, generar costos operativos,  tributarios, pérdidas ficticias (como el Costo de Pertenencia Minera, depreciación acelerada, etc.) e incluso elegir el estamento jurídico al cual se someterán. Así lo han hecho al amparo de la ley por varios años. Un dato permitirá comprender el panorama: de 44 empresas mineras que operan, sólo dos pagan ocasionalmente impuestos, el resto sólo declara pérdidas. No sería muy inteligente subir un 3% o un 4% conociendo de antemano que poseen las armas legales para evadirlos.

Pero quizás el inconveniente más grande que presenta el royalty dice relación con los contratos-ley que han suscrito las mineras con el Estado de Chile y que les permite una invariabilidad en la aplicación de los impuestos. En efecto, el D.L. 600 establece dos opciones de tributación para las mineras: una es pagar impuestos sobre un 42% de la renta imponible, con invariabilidad tributaria por 15 años, y la otra es tributar como cualquier persona no domiciliada en Chile, es decir pagar el 4% de royalty estipulado el año 2005 junto con el 35% de Impuesto Adicional (pagar en total una tasa del 39%). Como bien señaló la senadora Evelyn Matthei, el alza del royalty sólo afectaría a los nuevos proyectos que surgan y no a los ya iniciados, pues las transnacionales poseen propiedad sobre los derechos que dichos contratos les otorgan. Óptimo sería una modificación unilateral por parte del Estado, pero eso debería quedar comprendido dentro de una reforma al estatuto minero de envergadura mayor, ya que comprende principios de expropiación de las pertenencias mineras que conllevan indemnizaciones.

No es que no nos guste el royalty, sino que éste no sirve para cumplir su finalidad.

Que el impuesto específico no sea buen camino hoy, no significa que esté todo dicho. Ante esta situación (de tremenda injusticia, ¡qué duda cabe!) se pueden trazar diversos campos de acción, todos destinados a que las mineras finalmente cumplan con su deber. El más importante sería -por la cuantía- limitar el crédito que tienen contra el impuesto adicional en razón de 1ª categoría. El Consejo Minero no miente cuando señala que  las mineras han pagado cerca de US$25 mil millones en impuestos desde el 2005 al 2009 (La Tercera 20/03/2010), pero omite decir que eso sólo en el papel, pues en los resultados operacionales  casi todas las mineras han presentado pérdidas, por lo que dicho monto ha sido devuelto casi en su totalidad por el Fisco, junto con los derechos de aduana y patentes. Teorizando con un 50% de límite al crédito de 1ª, en el mismo periodo, las transancionales podrían haber pagado cerca de US$5 mil millones al Estado de Chile.

Otra vía para obtener financiamiento a través de nuestro recurso natural sería el establecer una especie de “royalty simulado”. Como vimos, el royalty en su actual expresión no es conveniente subirlo, porque es ineficaz. Sin embargo, se puede obtener un mismo efecto tributario si se lograse -al menos transitoriamente- que las mineras pagasen impuestos sobre renta presunta (por cada venta que realicen) y no sobre renta efectiva como es hoy y que es lo que les permite la evasión. De esta forma, se aseguraría que un porcentaje de las ventas fuese a las arcas fiscales. El inconveniente que esto presenta es que los actuales sistemas tributarios tienden a la simplificación por medio de la declaración de impuestos, y este mecanismo hace algo más difícil la tributación minera, por lo que se requeriría mayor presencia de la autoridad del Servicio de Impuestos Internos. Más, su correcta aplicación implicaría una regalìa especìfica de facto, con rendimientos similares o incluso mayores.

Es imperioso considerar èstas u otras formas análogas de recaudación de recursos para hacer frente a la adversidad. Las otras cartas que se barajan no son óptimas para el desarrollo de la economía chilena. Se ha insinuado mucho que el gobierno debería traer las reservas que Chile tiene en el extranjero en bonos soberanos acumulados de los años de bonanza del precio del cobre. Efectivamente, se podría aplicar como medida subsidiaria o complementaria al alza de impuestos a las mineras, porque su ámbito de aplicación debe ser acotado: su desventaja es que dichas remesas están en dólares, por lo que  una inyección fuerte de la divisa norteamericana afectaría el tipo de cambio, alterando la tasa inflacionaria y al sector exportador. 

No se ha descartado el endeudamiento público, pedir préstamos en el extranjero. Se repite el caso anterior: no puede ser la única o principal solución. Si bien es cierto que el Gobierno puede caer en la tentación de pedir emprestitos foráneos por ser de fácil obtención al contar Chile con una buena reputación y por contar con la facultad de usar los fondos ahorrados del cobre para su pago, debe ser considerada como medida marginal, ya que económicamente no es inteligente tomar una deuda siendo Chile relativamente autosuficiente para solventar la catástrofe.

El terremoto fue una tragedia de proporciones, pero puede ser vista como una posibilidad de rectificar el rumbo en materia de desigualdad en el país. Un sistema tributario que descansa en los impuestos indirectos, afectando a quienes no tienen capacidad de ahorro, contribuye a generar más inequidad social. Sin duda que lo ideal sería por comenzar en recuperar -directa o indirectamente- nuestra soberanía en los recursos naturales. Lo que sucede con el Cobre no es de justicia y el movimiento de las placas tectónicas produjo que, al menos, la dicotomía se hiciera patente. Nadie está en contra del legítimo afán de lucro que pueden poseer las empresas mineras. pero así como es tan inviolable su derecho de propiedad sobre las concesiones de explotación o pertenencias mineras, debería ser tan inviolable el precio que deben tener los bienes naturales que a todos pertenecen y que hoy están bajo las manos de unos pocos y que vuelven dichos dominios casi ilegítimos.

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  1. Aún no hay comentarios.
  1. octubre 25, 2010 en 5:14 pm

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