No seré yo quien levante los brazos en señal de que poseo la verdad ni mucho menos, pero creo que en el debate sobre los recursos naturales no renovables -cuyo dominio nos pertenece a todos, tanto en su aspecto ético como legal- es un tanto irresponsable no informarse y no sustentar una opinión que exprese una postura acerca del tema. Por ello he decidido escribir acerca de esta modificación al Impuesto Específico para la Gran Minería, tratando de desmitificar algunas concepciones preconcebidas pero no digeridas. Cualquier aporte es bienvenido.

Como primera cuestión, se dice que las grandes mineras no pagan tributo alguno. Aquella frase no es del todo exacta. Si bien es cierto que hace un tiempo atrás y con ocasión del terremoto, en este mismo blog sostuve que de 44 mineras sólo 2 pagaban ocasionalmente impuestos (ver acá), reconozco que la información con la que contaba no estaba del todo actualizada.  Efectivamente y antes del año 2003 en donde el precio del cobre subió espectacularmente, hubieron casos emblemáticos de empresas mineras que operaron en Chile durante toda una vida, agotaron el mineral y no pagaron un peso por concepto de impuestos al Estado por presentar en sus declaraciones sólo pérdidas. Casos como Disputada de Las Condes o El Indio (ésta de oro) son ejemplos patentes de que en la década pasada los excesivos beneficios tributarios con los que cuenta toda empresa en Chile, generaron una especie de gabelas para las mineras. La gigantesca cuantía de las inversiones, en conjunto con la cantidad de nuevos proyectos que comenzaron por la llegada de la democracia -permitiéndose de paso el estudio sobre el impacto que causaban las prerrogativas otorgadas por el DL 600- provocaron una especie de paraíso tributario intolerable para la inversión foránea y en específico, para la Gran Minería. Si hubiésemos escrito este artículo a comienzos de éste siglo, con toda propiedad podríamos decir que las mineras no solucionaban ningún tipo de impuesto.

No obstante, el panorama cambió y los balances tributarios comenzaron a ser relativamente coherentes con los financieros. Desde el año 2005 al 2008 el precio del CU subió, lo cual se notó en la recaudación. Según datos de Cochilco, se obtuvieron, por pago de impuestos, más de US$3.200 millones en dicho periodo, cifra que se vio mermada drásticamente en el 2009 cuando el precio cotizado en la Bolsa de Metales en Londrés bajó a US$ 2,3 la libra. Si bien es cierto que la carga tributaria efectiva a soportar por las mineras es menor que la de cualquier persona en Chile (resabio anacrónico del Sistema Tributario chileno que distingue entre rentas de capital y de trabajo), el buen precio del metal rojo en conjunto con la consolidación de las inversiones hechas durante la década de los 90, permitieron que la mayor parte de las 10 Grandes Mineras privadas(GMP10) tributaran efectivamente en nuestro país.

Ahora, como segunda cuestión o mito a derribar es lo que se señala desde el lobby minero: el desenvolvimiento impositivo real de las cupríferas es el óptimo e incluso mayor que cualquier otra empresa chilena. Se señala a este respecto que una empresa soporta una carga del 17%  o sea, el Impuesto de Primera Categoría. En cambio ellas, amparadas en su mayoría por el D.L. 600, poseen un régimen más gravoso al tener dos opciones de tributación: pagar tasa invariable de 42% sobre resultado operacional del Art 11 bis. o bien acogerse a la reforma a dicha normativa legal impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos y pagar el 35% como toda persona no domiciliada en Chile (Impuesto Adicional) más el Impuesto Específico a la Minería, tasa máxima e invariable que puede llegar hasta el 5% (Art 11 ter. DL 600 y Art 64 bis. D.L. 825 Ley de Impuesto a la Renta, artículos agregados por la Ley 20.026 de 2005). En base a estas disposiciones legales y tendiendo sobre la mesa los resultados obtenidos desde el 2006 a la fecha, la carga real promedio de las mineras es de un 37%. A pesar de estos porcentajes -a primera vista objetivos, el razonamiento tiene algunas falacias que distorsionan el análisis sobre el rendimiento tributario de las grandes mineras. Es necesario, entonces, ver un poco más allá, tratando siempre de mantener la imparcialidad en un tema que hoy se encuentra un tanto nublado por la necesaria discusión política.

En mi opinión, lo que hace el argumento es mezclar peras con manzanas. Una cosa es la tributación de la empresa y otra cosa es la tributación de los socios. Éstos, como todos sabemos, deben pagar el Impuesto Global Complementario si residen en Chile, el cual aplica una tasa altísima que puede llegar al 40%. En cambio, las transnacionales del cobre tienen -como vimos- de una carga levemente menor, que sumada a la invariablidad tributaria asegurada por medio de los contratos-ley que celebran con el Estado, terminan gozando de un régimen jurídico privilegiado, por cuanto ninguna ley posterior podrá hacerles más gravosos sus términos impositivos.

Quizás lo anterior es una aclaración conceptual que tiene poca relevancia en lo económico. Sin embargo, lo que es central es la capacidad con la que cuentan las grandes empresas mineras para generar pérdidas tributarias, capacidad que dicho sea de paso, no tienen la mayoría de las empresas chilenas y que son la fuente principal de empleo de nuestra economía. En un primer momento, no es atípico que estas pérdidas no tengan correlación alguna con las utilidades financieras, pro si se examinan los vehículos utilizados para tal efecto, podemos ver que hay ciertas anomalías imperiosas de corregir.

Cuestiones como los precios de transferencia, en los que la minera constituida en Chile vende a una filial suya en el extranjero el cobre a menor precio que el establecido en el mercado; la refinación de la tierra en el extranjero, sacando no solamente cobre, sino también oro y plata sin pagar por ello y disminuyendo el valor del mineral; la sobreproducción de cobre para bajar su cotización, o la venta de mercados futuros para generar pérdidas impropias de una empresa con real compromiso país son temas que la autoridad minera y el legislador deben ver con urgencia, pues son argücias utilizadas directa o indirectamente, para eludir la obligación tributaria.

Por lo anterior, la modificación al Impuesto Específico aprobada este mes por el Congreso parece ir en la dirección correcta, por cuanto aumentará la recaudación en base a las resultado operacional que obtengan las mineras. El proyecto de ley contempla una tasa impositiva progresiva que va del 5% al 14%, cuando se obtengan utilidades de 85% por sobre el ejercicio. Sin embargo, esta nueva ley no viene de manera alguna a cambiar el paradigna en el trato impositivo, ya que no legisla sobre el fondo, ni se hace cargo de los reales problemas que enfrenta la aplicación de los tributos. Lo que sí es importante destacar es que esta alza en el Impuesto Específico a la Gran Minería dejará la carga tributaria total de las mineras en un 41%, ya que si se dan los mismos resultados que en estos últimos 3 años, con un precio del cobre altísimo, el impuesto a cobrar será de un 7,8% en promedio. Empero, esto nos muestra a su vez, que a ninguna minera se le aplicará el 14%, por lo que las modificaciones realizadas por la bancada de la Concertación al proyecto inicial presentado por el Ejecutivo, parecen ser más panfletarias que realistas.

¿Y la aplicación de un royalty? La eterna discusión regalía versus impuesto específico carecería de importancia si tanto el legislador como el contribuyente de la gran minería fuesen exhaustivos en sus respectivos ámbitos de injerencia en el tema. Sin embargo y teniendo en cuenta la complejidad que exhibe nuestro sistema tributario, podría ser beneficioso para el país el cobro de un canon minero o bien, que dichas mineras pudiesen tributar sobre renta presunta, tal y como lo hacían los pocos proyectos establecidos antes de 1991, quedando de esa forma un royalty de facto e indexado a las ganancias por venta que posean las transnacionales. Si tenemos en consideración que ya están anunciados nuevos proyectos mineros por la suma de US$ 50.000 millones, perfectamente se podría incluir en algún nuevo trato, ampliando la invariablidad impositiva, y a la vez manteniendo la tasa por el cobro administrativo. En cuanto a la aplicación de los negocios ya iniciados, es patente que por política nacional y por razón judicial, habría que esperar el plazo indicado en los contratos-ley suscritos en el año 2006, es decir, el año 2018, ya que éstos se acogieron al Art 11 ter. del D.L. 600 que hace al Impuesto Específico del Art 64 bis de la Ley de Impuesto a la Renta incompatible con cualquier otro cobro, renta, canon o regalía que tenga como fin la actividad de extracción minera.

La actividad minera es el motor de la economía chilena. Creo que es beneficioso para el país su explotación y en eso los capitales privados han realizado un aporte. No obstante, el diagnóstico que resulta al estudiar su contribución a la Hacienda Pública por concepto de impuestos es deficiente y eso requiere de una pronta solución. Entre nuestra clase política y principalmente los sectores conservadores defienden a ultranza la estabilidad de los convenios las las grandes mineras y en general, toda modificación que tenga cierta repercusión en la inversión les parece nociva. Si bien es cierto que el respetar las reglas del juego es clave para el desarrollo, en un mismo nivel de importancia está la equidad social y la igualdad en el acceso a una riqueza que pertenece a todos. Si la comunidad, por medio del Estado, permite de buena fe al inversionista el acceso a riquezas no renovables, a la vez puede exigir a las instituciones velar por su propio destino, puesto que el cobre no es para siempre.

Pero adentrándonos en la situación pre-crisis, podemos constatar que Grecia ya presentaba pruebas claras de una recesión profunda en su economía. Desde el año 2008 hasta la fecha, el país ha disminuído su PIB en un 1%, la actividad económica interna se hundió en un 4% en donde la principal baja la ha experimentado la construcción (-10%). A mayor abundancia, el déficit financiero público ha aumentado hasta llegar al 15%, haciendo más tentadora la opción de pedir emprestitos extranjeros, práctica viciosa y nefasta del aparataje estatal, con atisbos de corrupción (o derechamente corrupción) al disfrazar préstamos como simples remesas. Ciertamente los grandes actores financieros que operan en Grecia conocían el riesgo del país heleno de caer en “default”, no obstante continuaron prestando euros bajo el beneplácito de Alemania, cuya economía necesita del fuerte endeudamiento griego (no por nada la balanza comercial de Grecia con el país germano llegó a un déficit comercial de 4.800 millones de euros). Pero el tiro les ha salido por la culata: por tratar de expandir aún más el consumo interno por medio de préstamos a la hacienda pública, corren el peligro de que Grecia no cumpla sus compromisos y desplome al euro. Por ello, la “ayuda” va acompañada de exigencias de inversionistas y dueños de capital especulativo (en su mayoría alemanes) en orden a no cambiar las condiciones de inversión, no alterar en un futuro las tasas de los nuevos créditos y aplicar un ajuste fiscal significativo. En otras palabras, los grandes conglomerados y los principales bancos- a través de Grecia y la  Unión Europea- están mandando un mensaje a todos aquellos paises riesgosos (Italia, Portugal, España) para que sigan cumpliendo sus compromisos internacionales, a pesar de los costos políticos y sociales que esto conlleva. Y es que si el euro ha sido altamente beneficioso para las economías europeas con sobreproducción, ha sido muy perjudicial para las emergentes, meros mercados de consumo que se financian por medio de bonos que alientan sólo el gasto (casi en su totalidad público en el caso de Grecia), yendo en detrimento del ahorro interno, privilegio sólo de unos.

Pero más allá de las consideraciones previas a la crisis, hay varias aristas que no encajan en este puzzle. De partida está la calificación del riesgo. Actualmente la deuda de Grecia se encuentra al nivel de los bonos basura, por lo cual los especuladores pueden imponer -como se dijo anteriormente- intereses iguales o superiores a los establecidos pre-crisis. La duda surge porque a menos de 2 meses de ser electo un gobierno de izquierda, las calificadoras comenzaron realmente a hacer su trabajo. Es decir, antes de estar el PASOK al mando, en Grecia no existía riesgo de default y los bancos alemanes tenían suficiente confianza para seguir prestando al Estado. Luego, por arte de magia, la UE cae en la cuenta de que el país es un deudor peligroso y que sus finanzas pueden hacer caer al euro. Es indudable que la institucionalidad griega es irresponsable por contar con un Estado que  se expande sin contar con los recursos necesarios para ello, pero es sospechoso que sólo ahora hagan patente el descalabro del sector público, justo cuando un gobierno más permeable a las demandas laborales y sociales ha llegado al poder.

Otro aspecto que no se logra comprender a cabalidad es la práctica monetaria de la UE. La zona euro se presentó al mundo entero como un mercado homogéneo y el euro sería el representante de la justa igualdad entre todos los integrantes de esta comunidad económica. Sin embargo, la crisis griega ha mostrado que una vez más la bonanza es únicamente para algunos, pues las economías emergentes están destinadas a un endeudamiento bruto mayor que el de una economía madura (Francia, Alemania) por no existir un adecuado balance en el comercio interno.  En efecto, la política monetaria alemana rompe el equilibrio al poseer una balanza comercial muy superior al promedio de la zona. Con esto se impide que los otros Estados miembros devalúen su moneda para frenar las importaciones alemanas y hacer más atractivas sus propias exportaciones. Haciendo ficción, imaginemos que el euro no existe, Grecia podría haber devaluado su moneda, encareciendo el marco alemán, logrando disminuir su balanza comercial. Pero ¿por qué Alemania es titular de dicha ventaja? Básicamente porque los últimos años ha introducido reformas que han producido la deflación de su fuerza laboral, haciendo más barata la mano de obra. Bajo esa misma lógica, se ha detenido el consumo interno pero han aumentado agresivamente sus exportaciones a países como Grecia, España y Portugal. En el mismo proceso, el rendimiento de las inversiones de capital por parte de los países poderosos de la UE han mermado, incentivando al capital ocioso a crecer por medio de la especulacion, creando fortunas que no tienen su correlación en inversión real o sobreestimándola hasta que alguien lo advierte y desata pánicos bursátiles como el de 1929 o la reciente crisis subprime. En definitiva, la moneda europea es una químera de igualdad, que poco aporta al desarrollo de países más pequeños en tiempos de crisis: el euro es barato para los alemanes y demasiado caro para los griegos.

Lo que está teniendo lugar hoy es una severa recesión económica producida, en primer lugar, por la ineficiencia de toda la clase política griega que no supo (o no deseó) tomar medidas radicales y severas para lograr una mínima sustentabilidad económica del gran aparataje estatal que construyeron. En segundo lugar, la ilusión del manejo monetario en la Zona Euro que estimula la sobreproducción capitalista a gran escala, a costa del salario, beneficios y conquistas laborales de los trabajadores, tanto de los países productores como consumidores; y en tercer lugar del inescrupuloso actuar de las entidades financieras y especuladores que manejan la información crediticia a su antojo con el objeto de obtener ganancias más allá de lo que la ética dictamina. Bajo esta situación y con un futuro no muy promisorio, es comprensible y hasta obligatoria la protesta del pueblo griego, única víctima de esta tragedia.

Razones para explicar la detención de los procesos -o si se quiere, de la lentitud de ellos- sobran, siendo casi todos de alguna u otra manera válidos (dependiendo de la óptica en que se enfocan).  No obstante, debemos estar contestes en que una de las principales causas por las que Chile no ha superado sus trancas sociales es la falta de un acuerdo nacional  para superar la profunda desigualdad que atraviesa el país desde hace casi 100 años. La democracia chilena ha madurado, de eso no hay duda, permitiendo que las instituciones cumplan su objetivo de ser intermediarias entre la gente y el Estado, mas no ha evolucionado lo suficiente para asimilar los dejos regresivos que la implantación de un capitalismo globalizado y a veces poco racional, provocó. Durante el Siglo XX fue el impuesto-inflación, verdadera herida que sangraba pobreza de la más extrema, todo por políticas inspiradas en la sustitución de importaciones, que asegurase la expasión industrial al interior de la nación. La responsabilidad fiscal no existía y se creía que había una relación directamente proporcional entre el aumento sostenido de precios y el crecimiento económico. Cuando se estableció que la inflación era un problema monetario y que al largo plazo debilitaba la actividad de un país, los gobiernos acortaron el tamaño del Estado, permitiendo la entrada casi neurótica del mercado en áreas vulnerables de la sociedad. Una vez más, quienes pagaban el costo eran los estratos medios y bajos. En los últimos años se trató de compensar dichas pérdidas por medio de un asistencialismo que no tenía muy claro su norte, pero de ninguna manera vino a cambiar la tendencia del Estado chileno en este sentido.

Teniendo presente que la globalización social y económica es un fenómeno supranacional del cual es imposible sustraerse, una política progresista tiene un caracter reivindicativo de la teleología estatal. Nunca antes fue más necesario un nuevo pensar acerca de los fines que como comunidad queremos lograr. La creación de valores genuinamente sociales que se plasmen hoy como la inteligencia del ordenamiento jurídico es un imperativo, si consideramos que en la actualidad los espacios públicos (punto de encuentro de la sociedad) han sido aplastados por la vorágine tecnocrática que sólo ve eficacia pero no eficiencia, dejando tras sí a tantos excluídos, a tantos decepcionados. El diagnóstico del pensamiento progresista del siglo XXI reconoce que la política no ha traspasado las fronteras de la racionalidad económica trazadas desde hace décadas, pero es consciente de que muchos de los errores del pasado son efecto directo de una funcionalidad social no económica. Es por ello que los principios soberanos que deben inspirar las leyes y la estructura de la nación deben sopesar ambos factores (económico y político-social), re-encontrándose así con el ideario de la polis, tan perdido entre la adoración al éxito financiero y el nihilismo consumista. Propiciar acuerdos y generar consensos en torno al monopolio del bien común es la principal meta de los movimientos transformadores que se precien de tal, y no sólo con sectores afines, sino también con aquellos que por historia han caminado en sentido opuesto. Esto no es imposible. Allende -un demócrata y un socialista, en ese orden- lo consiguió y logró la Nacionalización del Cobre en el año 1971, obteniendo incluso el apoyo de una derecha que ya comenzaba a coquetear con la reacción más feroz. El progresismo reafirma, entonces, que es el hombre quien va desarrollando la historia de un pueblo y sus instrumentos fundamentales son la política y la democracia.

Sin duda que el camino de transformaciones en búsqueda de mayor igualdad encontrará obstáculos. No es fácil derribar prejuicios ni enfrentarse a prácticas que han hecho de la política una serie de acuerdos a espaldas de los ojos de la comunidad. No obstante, si ello es el síntoma de la supeditación de la esfera pública a la laxitud que potencialmente puede otorgar el rendimiento de la economía, la labor a realizar por las redes sectoriales libertarias es  traer de vuelta los sueños y las utopías, únicas fuentes capaces de dar rienda suelta a la capacidad creadora del ser humano.  La posibilidad de transformar las condiciones de una sociedad y expandir su cultura implica utilizar el conocimiento bajo perspectivas no exploradas aun pero presentes en esta época. No existieron antaño grandes hombres y grandes procesos que no envolvieran en su seno grandes teorías inalcanzables, pero en vez de responder con pragmatismo y conformismo, antepusieron su ethos revolucionario, construyendo así los principios que impregnaron la consecución de sus metas.

Chile está en mora con sus ciudadanos y el raciocinio político de los actores de siempre impedirá saldar esa cuenta en el mediano plazo. Las incertidumbres e imperfecciones que cargan sobre sus hombros son contrarrestadas con fórmulas vencidas o ineficaces para la envergadura del desafío. Los que poseen una mirada renovada de la sociedad tampoco están exentos de aquella presunción en contra. No obstante, es ilustrativo ver que en nuestra historia quienes se atrevieron a ir más allá, quienes transgredieron democráticamente los poderes ilusorios de ciertos sectores conservadores, alcanzaron logros notables. En el siglo pasado, las políticas progresistas permitieron una Reforma Agraria que diluyó el régimen decimonónico heredado de la Colonia, triunfaron en la obtención de derechos laborales como la sindicalización y fueron el motor del fortalecimiento democrático y cultural experimentado hasta el Golpe de Estado de1973. Bajo otra lógica, pero con el mismo ímpetu, el progresismo de hoy debe sentirse legatario del espíritu de cientos de voluntades que se unieron en el pasado con un solo fin político, social y económico: otorgar más igualdad para Chile y su futuro.

Es natural que la pederastía como tal provoque repudio, no obstante cuando existen actos reiterativos de ocultar la abominable situación, de impedir el justo trance que va desde el hecho criminal hasta los tribunales, el repudio muta a indignación. La Iglesia posee cierto imperio sobre sus miembros, la administración de la curia se basa en estrictas reglas establecidas en el Derecho Canónico (una de las grandes fuentes del Derecho moderno), pero para desgracia de sus fieles, ante el Poder Estatal todos somos iguales. Sin embargo, en la Iglesia no han asumido su responsabilidad civil y aún más, creen estar sobre ella. Antes que todos los casos de EEUU, Inglaterra, Irlanda, Alemania y Chile explotaran, los criminales de sotana caminaban en la más absoluta impunidad, con la venia impúdica de las autoridades eclesiásticas.

Pero el silencio de la curia esconde más que verguenza: oculta crímenes y el consiguiente sufrimiento de cientos de personas abusadas por los jerarcas de la moral. Es cierto que los credos deben proteger a sus integrantes y eso incluye la protección de la ética interna, sin embargo los delitos que el manto cómplice de la religión romana cubrió sobrepasan el plano funcional y quedan dentro de la competencia penal. Por ello, más que el delito mismo -cuyo agente no discrimina creencia alguna- lo que es preocupante es el constante actuar de la Iglesia, que va generando una mordaz política de silencios, que con el tiempo irá normalizando la omisión de los abusos.  De esto hay pruebas concretas: el Arzobizpado de Munich tuvo conocimiento a tiempo de los casos ocurridos en dicha ciudad, y en vez de denunciar a los culpables, se promovió una política de “reubicación”, siguiendo el mismo patrón que en Estados Unidos y en Irlanda. Cito el ejemplo de Alemania porque es el más representativo, pues en ese entonces el Cardenal de la Congregación por la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger ciertamente tuvo noticia de los hechos.

En este punto de la discusión es imposible obviar la idoneidad del celibato en los curas. Básicamente se dice que si la Iglesia obliga a suprimir una reacción tan natural del hombre, como es el deseo, se justificarían en cierta medida los silencios, ya que los abusos serían los “costos” que toda medida de esa naturaleza conlleva. Pero este argumento- propio de los más exhaltados- tiende a confundir la abstinencia sexual con la depravación, siendo conductas absolutamente distintas. El celibato es una opción de vida que elige la pasividad frente al sexo y no hay nada que indique que quien es célibe tiene propensión a ser abusador de niños. Acá la controversia es el proceso de ocultación de antecedentes que es promovido al interior de la Iglesia y este frente de batalla no se debe olvidar. El mal es la exclusión de la investigación y del justo castigo si resultan responsables. A nadie se obliga a lo imposible, sino a lo normal.

Pero no sólo la Iglesia es partícipe en los encubrimientos. Parte importante de la sociedad civil, fervientes católicos, (casi todos de confesiones conservadoras), avalan el anonimato de los abusos sexuales. Acostumbrados a la disociación entre la palabra de sus evangelios con la acción real que se debe observar en vida, no escatiman recurso alguno en desacreditar a las víctimas y en obstruir la misma investigación que ahora, tardíamente, llevan la Iglesia y los tribunales. Las falacias ad hominem en contra de las voces críticas e incluso en algunos casos las amenazas abiertas se dejan caer mostrando más frustración que coraje por la verdad. De personas que cultivan la fe, el espíritu y el amor al prójimo, se esperaría otro tipo de conductas. Pero confunden la convicción en la fe en Dios por el fanatismo eclesiástico y demonizan a quien fue violentado por los moradores de la casa del Señor.

Es indispensable entonces, que la sociedad civil se informe y presione a la prensa, a la justicia y a la misma Iglesia para que todo y cada uno de los casos encuentre su justo castigo. La confesión, los pecados y las sanciones metafísicas son válidas en el sistema moral catolico, pero se muestra confuso y para nada satisfactorio si lo que se valora por sobre toda las cosas es la igualdad ante la ley y la protección de los derechos más esenciales de las personas. Es imprescindible entonces que, junto con reafirmar la existencia del Derecho en todos los casos de pedofilia y abusos, también se restablezca el imperio de las leyes al interior de la Iglesia y se erradique la concatenación casi delictual que encubre y protege el accionar de sacerdotes desviados. Solo así la Iglesia Católica logrará detener su actual decadencia moral y social.

Podemos decir, en líneas generales, que el plan de recaudación está marcado solamente por la contingencia. En ese sentido, es bastante más austero de lo que las necesidades de la sociedad requieren. El terremoto causó un daño emergente importante, pero también mostró las falencias que casi 3 décadas de neoliberalismo no han sabido superar. Como bien sugirió el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, era éste el momento para revisar las principales disposiciones sobre las que se cimenta el Estado pero el gobierno ha desaprovechado la oportunidad de hacerlo. Eso hace que el plan sea sólo “suficiente”, y de ninguna manera viene a cambiar los paradigmas de desigualdad que cruzan nuestro país. Veámos porqué.

Adentrándonos en el proyecto, constatamos que una de las principales medidas (cruzadas por un debate “ideologico” según ciertos analistas de centro derecha) es el alza transitoria de 3 puntos al impuesto de 1ª categoria hasta el 2011  dejándolo en 20% con una baja el 2012 de 1,5% quedando en 18,5%. Con ello, el gobierno espera recaudar cerca de US$1.200 millones extras, convirtiéndose en una de las principales fuentes de recursos para apalear los efectos de la emergencia. Si bien es cierto que la estructura tributaria chilena exige una modificación que  eleve el impuesto a las empresas para compensar así la extrema diferencia de lo que paga por mismo concepto una persona (tasa progresiva que llega hasta 40%), la medida se tornará insuficiente si no se combaten los mecanismos de evasión implícitos y ultra utilizados por los dueños de las empresas como la creación de sociedades que reciben esas rentas o el traspaso de esos dineros a fondos de inversión. Huelga decir que el crédito que tiene 1ª categoría contra el Impuesto Global Complementario, que es al fin del cuento, el único tributo que paga quien es domiciliado en Chile, impide que el aumento del impuesto corporativo sea eficiente como elemento recaudatorio por su carácter de transitorio (el famoso pago provisional mensual o PPM), a la vez que permite bajar la carga a medida de poseer más ganancias. Tal como fue planteado al hablar del royalty minero (ver! ), el tema acá pasa porque exista un límite de dicho crédito, de lo contrario, no servirá de mucho, pues ese dinero será devuelto por el Estado.

Pero también se desprende otra interesante arista en esta alza de impuestos, y que demuestra otra vez que esta supuesta “reforma” no viene a perfeccionar las deficiencias de las disposiciones tributarias actuales. Es la exención de las pymes. Estas empresas no pagarán primera categoría si su facturación es inferior a 50 mil UF por sus utilidades reinvertidas hasta con un tope de 2.500 UF. La discriminación se hace en base a ventas y no a ganancias, incentivando la división de las empresas en sociedades de papel para no quedar comprendidas en la norma. Es cierto que por regla general quien vende más gana más; no obstante, establecer aquel criterio sin tomar en cuenta las características del mercado al cual acceden se torna algo peligroso. Lo ideal en esta área sería elevar el tope de las utilidades y dejarlo como único patrón a tomar en cuenta para decidir quién queda afecto y quien no, favoreciendo así a las pymes que trabajan con menores márgenes de ganancia. 

En esa misma senda de continuismo económico, Piñera anunció un aumento al royalty a la minería, escalonado desde 3% hasta 9%. Hasta aquí todo bien. El problema aparece cuando la moneda de cambio que utilizó el gobierno para que las empresas que actualmente están sometidas bajo el régimen de invariabilidad tributaria se acogan voluntariamente a esta alza en la regalía, es un aumento en dicha invariabilidad hasta ocho años, por lo menos. Por este concepto, se espera recaudar alrededor de US$700 millones, lo cual es una nimiedad si se considera que las multinacionales del cobre gozan de franquicias tributarias que ascienden hasta los US$8 mil millones, si se se suman las exenciones, gastos ficticios y el impuesto de 1ª categoría que es devuelto por el Fisco por “no presentar utilidades” (cifras del Comité de Defensa del Cobre). Como ya lo mencionamos en el artículo anterior, la regalía alcobre es un concepto acabado desde su origen, mal concebido y en profunda contradicción con la propiedad sobre los contratos que legalmente -pero quizás no éticamente- poseen las grandes mineras. En cualquier caso, Piñera ha hecho mucho más que los otros gobiernos de la Concertación en el tema, ya que el royalty progresivo para los nuevos proyectos -que se estiman en US$22 mil millones- permitirá obtener un pequeño procentaje extra comparado con la situación actual.

Si se someten a análisis las otras medidas de financiamientos  (emisión de bonos a 10 años, impuesto al tabaco, uso de ahorros en el exterior, reasignación presupuestaria, ley de donaciones, entre otras de menos cuantia) podemos constatar que los efectos perniciosos y regresivos la actual estructura tributaria provocarán que la reconstrucción nacional será cubierta en su mayoría justamente por quienes no tienen la posibilidad de evadir impuestos porque la hacienda pública se posa en sus hombros (los bonos se pagarán con dineros del fisco, obtenidos en un 60% del IVA; las tabaqueras traspasarán el impuesto al precio final; las reasignaciones dejarán muchos programas sociales sin recursos; etc.). Hemos verificado que con el nivel de rendimiento económico que poseen las rentas en Chile es perfectamente posible liberar la carga a quienes pagan indirecto o aminorarla, y traspasarla a quienes realizan altos retiros de utilidades.

Sin duda que la estructura tributaria de Chile hace un buen tiempo que pide a gritos una cirugía mayor. El financiamiento público descansa sobre los impuestos indirectos, ensanchando la brecha entre quienes ganan más con quienes ganan menos. Por otra parte, la cantidad de exenciones y maquinaciones para evadir el impuesto corporativo debilitan el rendimiento tributario y aumenta la dependecia del sistema sobre los impuestos del consumo.Por ello, juzgamos algunos que la oportunidad para debatir en torno a las cargas y a un nuevo trato en  la repartición de los tributos era hoy, pero el gobierno no supo comprender a cabalidad el momento histórico que deviene. En cualquier caso, el sólo hecho de estar discutiendo el tema y debatirlo es mérito del Ejecutivo, llegando a ser lo más rescatable del actual mandato presidencial. Con este paquete -apenas suficiente-Piñera ha obtenido su primer gran acierto político.

Es por ello que recurrir a los impuestos de la Minería  se vislumbra como la alternativa más ventajosa en comparación a otras opciones de financiamiento. La “Gran Minería” -al contrario de lo que el Consejo Minero ha comunicado- ha operado en Chile casi sin pagar tributo alguno, por lo que es al menos, una obligación moral el que sean los principales contribuyentes para superar todo el daño emergente causado por el terremoto. En esta misma dirección, muchos han hablado de elevar el royalty (Impuesto Específico a la Minería) pero esto presenta algunos inconvenientes que no lo hacen la mejor de las decisiones: de partida es un impuesto que se aplica sobre el resultado operacional de las mineras. Al ser así, será fácil a las transnacionales evadirlo, pues por sus cuantiosas inversiones pueden abultar gastos, generar costos operativos,  tributarios, pérdidas ficticias (como el Costo de Pertenencia Minera, depreciación acelerada, etc.) e incluso elegir el estamento jurídico al cual se someterán. Así lo han hecho al amparo de la ley por varios años. Un dato permitirá comprender el panorama: de 44 empresas mineras que operan, sólo dos pagan ocasionalmente impuestos, el resto sólo declara pérdidas. No sería muy inteligente subir un 3% o un 4% conociendo de antemano que poseen las armas legales para evadirlos.

Pero quizás el inconveniente más grande que presenta el royalty dice relación con los contratos-ley que han suscrito las mineras con el Estado de Chile y que les permite una invariabilidad en la aplicación de los impuestos. En efecto, el D.L. 600 establece dos opciones de tributación para las mineras: una es pagar impuestos sobre un 42% de la renta imponible, con invariabilidad tributaria por 15 años, y la otra es tributar como cualquier persona no domiciliada en Chile, es decir pagar el 4% de royalty estipulado el año 2005 junto con el 35% de Impuesto Adicional (pagar en total una tasa del 39%). Como bien señaló la senadora Evelyn Matthei, el alza del royalty sólo afectaría a los nuevos proyectos que surgan y no a los ya iniciados, pues las transnacionales poseen propiedad sobre los derechos que dichos contratos les otorgan. Óptimo sería una modificación unilateral por parte del Estado, pero eso debería quedar comprendido dentro de una reforma al estatuto minero de envergadura mayor, ya que comprende principios de expropiación de las pertenencias mineras que conllevan indemnizaciones.

No es que no nos guste el royalty, sino que éste no sirve para cumplir su finalidad.

Que el impuesto específico no sea buen camino hoy, no significa que esté todo dicho. Ante esta situación (de tremenda injusticia, ¡qué duda cabe!) se pueden trazar diversos campos de acción, todos destinados a que las mineras finalmente cumplan con su deber. El más importante sería -por la cuantía- limitar el crédito que tienen contra el impuesto adicional en razón de 1ª categoría. El Consejo Minero no miente cuando señala que  las mineras han pagado cerca de US$25 mil millones en impuestos desde el 2005 al 2009 (La Tercera 20/03/2010), pero omite decir que eso sólo en el papel, pues en los resultados operacionales  casi todas las mineras han presentado pérdidas, por lo que dicho monto ha sido devuelto casi en su totalidad por el Fisco, junto con los derechos de aduana y patentes. Teorizando con un 50% de límite al crédito de 1ª, en el mismo periodo, las transancionales podrían haber pagado cerca de US$5 mil millones al Estado de Chile.

Otra vía para obtener financiamiento a través de nuestro recurso natural sería el establecer una especie de “royalty simulado”. Como vimos, el royalty en su actual expresión no es conveniente subirlo, porque es ineficaz. Sin embargo, se puede obtener un mismo efecto tributario si se lograse -al menos transitoriamente- que las mineras pagasen impuestos sobre renta presunta (por cada venta que realicen) y no sobre renta efectiva como es hoy y que es lo que les permite la evasión. De esta forma, se aseguraría que un porcentaje de las ventas fuese a las arcas fiscales. El inconveniente que esto presenta es que los actuales sistemas tributarios tienden a la simplificación por medio de la declaración de impuestos, y este mecanismo hace algo más difícil la tributación minera, por lo que se requeriría mayor presencia de la autoridad del Servicio de Impuestos Internos. Más, su correcta aplicación implicaría una regalìa especìfica de facto, con rendimientos similares o incluso mayores.

Es imperioso considerar èstas u otras formas análogas de recaudación de recursos para hacer frente a la adversidad. Las otras cartas que se barajan no son óptimas para el desarrollo de la economía chilena. Se ha insinuado mucho que el gobierno debería traer las reservas que Chile tiene en el extranjero en bonos soberanos acumulados de los años de bonanza del precio del cobre. Efectivamente, se podría aplicar como medida subsidiaria o complementaria al alza de impuestos a las mineras, porque su ámbito de aplicación debe ser acotado: su desventaja es que dichas remesas están en dólares, por lo que  una inyección fuerte de la divisa norteamericana afectaría el tipo de cambio, alterando la tasa inflacionaria y al sector exportador. 

No se ha descartado el endeudamiento público, pedir préstamos en el extranjero. Se repite el caso anterior: no puede ser la única o principal solución. Si bien es cierto que el Gobierno puede caer en la tentación de pedir emprestitos foráneos por ser de fácil obtención al contar Chile con una buena reputación y por contar con la facultad de usar los fondos ahorrados del cobre para su pago, debe ser considerada como medida marginal, ya que económicamente no es inteligente tomar una deuda siendo Chile relativamente autosuficiente para solventar la catástrofe.

El terremoto fue una tragedia de proporciones, pero puede ser vista como una posibilidad de rectificar el rumbo en materia de desigualdad en el país. Un sistema tributario que descansa en los impuestos indirectos, afectando a quienes no tienen capacidad de ahorro, contribuye a generar más inequidad social. Sin duda que lo ideal sería por comenzar en recuperar -directa o indirectamente- nuestra soberanía en los recursos naturales. Lo que sucede con el Cobre no es de justicia y el movimiento de las placas tectónicas produjo que, al menos, la dicotomía se hiciera patente. Nadie está en contra del legítimo afán de lucro que pueden poseer las empresas mineras. pero así como es tan inviolable su derecho de propiedad sobre las concesiones de explotación o pertenencias mineras, debería ser tan inviolable el precio que deben tener los bienes naturales que a todos pertenecen y que hoy están bajo las manos de unos pocos y que vuelven dichos dominios casi ilegítimos.

¿Qué reflexiones, experiencias o aprendizaje se puede sacar de esto? Todo lo sabíamos acerca de los sismos -según nosotros-; Chile asumió tiempo atrás su condición de tierra fértil para estos movimientos de placas. Un temblor grado 5°, por ejemplo, que en cualquier parte del mundo es sinónimo de alerta, acá no era más que una anécdota diaria, un susto momentáneo que se desvanecía como el rocío en el viento. Nuestra cultura era sísmica y la historia así lo avalaba.

Pero bastó sólo una chispa del destino venida desde las profundidades más oscuras de nuestra accidentada geografía, para recordarnos que todo eso no vale nada. Ante los impertérritos ojos de la naturaleza no somos más que la precariedad misma, la demostración que ante la furia de Hades y los iracundos brazos de Poseidón no hay ejército capaz de salvar nuestras ciudadelas.

Stefan Zweig en su libro “La Lucha con el Demonio” nos advierte que existen ciertos hombres que están condenados inexorablemente a lidiar con una extraña fuerza interna que los lleva en casi en todos los casos, a la autodestrucción. Este país es como esos hombres, posee su demonio particular, nuestro Leviatán. Lo hemos enfrentado innumerables ocasiones y nunca hemos anotado una victoria. Es difícil o casi imposible. Busca sólo aniquilamiento y comienza con los más pobres, los más desvalidos. Luego, con el correr del tiempo y a medida que las noticias pasan como flashes de sufrimiento instantáneo por la córnea, nos damos cuenta que su ataque es total y en todos los frentes: edificios nuevos de constructoras inescrupulosas que ahorran hasta lo último en material colapsan, dejando a cientos de gente de esfuerzo en la ruina, en el mejor de los casos; comerciantes que observan -ya entregados a un devenir de pérdida- cómo todo lo que no les destruyó la tierra, se lo termina de llevar el hombre en los saqueos llenos de pánico y tristeza. El odio de este demonio se respira por todos lados, su azufre se huele por la televisión, por las radios y en las bencineras atestadas de conductores que se aferran al dios de la abundancia como el ladrón de la cruz lo hizo a la fe del Cristo que estaba su lado. Su triunfo formal estriba en poner delante nuestro la cruda realidad de que todo aquello que hemos levantado con orgullo y esfuerzo, él lo puede deshacer con su leve suspiro fatídico.

Pero no contento con ello, el odio del subsuelo también hace caer nuestra moral. Creemos levantarla con un falso chauvinismo, pero aquello no es más que un disfraz con el que cubrimos el cuerpo de nuestra derrota e impotencia por no poder hacer nada. Los “vamos Chile”, “arriba Chile”, etc., canalizan más miseria que ínfulas de ave fénix. El canal de espanto corre por la arteria chilena, dejando temor, miedo y depresión en donde antes surgían los prados más verdes, las acacias más bellas y el meneo de las olas azul petróleo producía la tan ansiada tranquilidad de espíritu.

Indudablemente la conmoción pasará, el caos volverá a su epicentro de orden y en un tiempo más, el terremoto será únicamente un libro de condolencias. Es el plan del demonio chileno, que sabe que sin incertidumbre no hay sufrimiento. Conocedor del alma tortuosa del ser humano, supone que podemos vivir condenados, pero no en el limbo. Está en lo correcto, pues él volverá; sólo nos resta, entonces, mirar al cielo y consolarnos con la idea de que ahí arriba existe alguien que impedirá más dolor y que en la madrugada de ese fatal Sábado no actuó simplemente porque se encontraba igual que nosotros: profundamente dormido.

El porqué ganó es un tema del cual nos han saturado los medios, no siendo tan complicada su ciencia: la Coalición por el Cambio triunfó por el férreo orden de sus filas y por el desgaste y la modorra programática de la Concertación. El énfasis ya dejó de ser ése. Lo que nos corresponde ahora es tratar de despejar la gran duda que tienen los hombres con memoria de este país con la derecha: ver si efectivamente poseen una real vocación para superar la transición. Porque, no seamos ilusos, ésta no ha acabado con la elección de Sebastián Piñera. Cuando se habla de un momento histórico un hecho siempre es un indicio, pero nunca marcará por sí solo un comienzo o un final. Terminar con la transición significa acabar con todos los enclaves antidemocráticos heredados de la dictadura militar, de lo contrario, seguiremos sin llegar a un acuerdo sobre qué entendemos por democracia.

       Para contestar la interrogante planteada, debemos comenzar por descifrar las señales que ha enviado el Presidente electo. Quizás la más importante en este sentido, fue el nombrar un gabinete de corte claramente “independiente”. Con ello pretendió decir dos cosas: la primera, para él la independencia partidista es lo mismo que independencia política, creando en el discurso una falacia anticipada incluso por Aristóteles, pues no existe el ser humano apolítico. Sus ministros son –en su mayoría- representantes de una elite empresarial, católica y profundamente conservadora. Callar esta arista da para presumir mala fe. Segunda, que su gobierno hará realidad la tan anhelada unidad nacional. Lamentablemente con ello, Piñera tomó la opción de encontrar apoyo popular de la misma forma que las dictaduras latinoamericanas de los años 70 buscaron legitimarse. En una democracia madura, se sabe de antemano que las decisiones políticas siempre son parciales,  porque afectan a intereses de personas que no están dispuestas a despojarse de las prerrogativas que dichos intereses protegen. De esta forma, podemos observar que el Empresario-presidente no ha hecho más que seguir moldes anacrónicos en sus primeras atribuciones de poder. Pero ¿y su sector? Quienes acompañarán desde el 11 de Marzo a Piñera ya sea en La Moneda, Congreso, Centros de Estudio y epicentros de poder varios, ¿están dispuestos a dejar atrás una etapa de estancamiento en el desarrollo de nuestra institucionalidad soberana, o por el contrario, persisten en cubrir sus errores (y horrores) con flores?

Lo concreto es que las pistas dejadas por la derecha nos indican que aún no se han sacudido de su pasado pinochetista. Lo sabíamos: ese empate moral con que nos bombardearon los medios, en relación a que el gobierno militar fue deficiente en DDHH, pero positivo en lo económico, ha sido parte de una estratagema muy cuidadosa y prolongada durante el tiempo por parte de los sectores reaccionarios. Al realizar análisis de la historia reciente, comprobamos que la derecha ha sido hábil en instaurar subrepticiamente el discurso de que la bonanza y el prestigio económico del que goza Chile es fruto de las reformas realizadas durante la dictadura. Lo cierto es que si medimos las cifras de nuestro país bajo el prisma que utilizan los economistas de dicho sector, no podemos sino aplaudir el buen rendimiento que posee la economía criolla. La inflación –lastre del siglo XX- está controlada; el crecimiento, salvo los últimos meses del gobierno de Frei, presentó un ritmo más que óptimo durante los últimos 25 años; el PIB se ha cuadruplicado, etc. Los pergaminos del modelo neoliberal no son pocos, pero las omisiones de sus costos hacen que se distorsione el real legado del mundo conservador.

Y es que si miramos en profundidad los silencios que los herederos de Pinochet (y de una parte no menor del mundo concertacionista) podremos apreciar los signos regresivos del aspecto “salvable” del gobierno militar, muchos de los cuales se interntaron modificar -sin éxito- durante los gobiernos de la centroizquierda. Así, no se ha dicho que la participación de las remuneraciones en el PIB ha caído en más de un 40%, transformando a Chile en uno de los países más desiguales del mundo. Menos se habla del injusto sistema de pensiones de capitalización individual que dejó a miles de afiliados sin el monto correspondiente por “no haber cotizado el mínimo de años”. Tampoco se habla mucho acerca de la dependencia excesiva del Fisco en la tributación indirecta –específicamente en el IVA- con lo cual se grava más a quienes destinan mayoritaria o totalmente sus ingresos en consumo (capas medias y bajas) que a aquellos que tienen  capacidad de ahorro, lo cual es inaudito siendo Chile un país exportador de recursos no renovables como el Cobre. En este mismo ítem y siguiendo la lógica de no espantar la inversión, se ha defendido con uñas y dientes un Estatuto de Inversión Extranjera absolutamente expropiatorio de la soberanía nacional, que asegura al inversionista un régimen de invariabilidad tributaria sobre el 42% de la renta imponible por varios años, del cual se pueden deducir una serie de gastos ficticios, verbigracia la depreciación. En consecuencia, las mineras pueden operar con millonarias pérdidas tributarias pero jugosas ganancias contables, eso sin mencionar el hecho de que muchas extraen el mineral hasta una cierta cantidad de toneladas, para tributar como “mediana minería”, y el resto llevárselo del país sin desprenderlo siquiera de la tierra. Hasta hace un tiempo “despertamos” y nos dimos cuenta de que nuestra educación está en el suelo, debido a que los municipios no están calificados para hacerse cargo de tan fundamental misión. Todo ello partió años atrás, repitiéndose el denominador común, pero actualizando a los sátrapas del modelo: ayer el régimen desde la represión, hoy la UDI y RN desde sus bancadas.

            Qué duda cabe entonces acerca de la nula vocación de cambio real que tiene el sector piñerista. Ellos se notan muy conformes con el actual estado de la democracia en el país. El mismo Presidente electo se ha encargado de hacerlo saber al proponer una nueva “democracia de los acuerdos” a la nueva oposición concertacionista. La falacia de dicha petición es que los acuerdos, la clientelización en el Congreso, los murmullos y negociaciones de pasillo están consagrados en la Carta Constitucional de 1980 al establecer el sistema binominal como forma de integración del Parlamento y al exigir quórum excesivamente alto en las materias de Estado fundamentales. Entonces ¿de qué hablamos? Piñera sabe que la Concertación se verá obligada a sentarse en la mesa, pues además el sistema legislativo distorsionado que tenemos pone al Presidente como el gran legislador: las urgencias a los proyectos las pone él, al igual que queda bajo su potestad cualquier norma que implique gastos. Ni que decir de su amplia potestad reglamentaria. El programa de Gobierno de Piñera no contemplaba  cambios significativos en esta materia y uno de los principales rostros de su sector –y en su momento del Gobierno Militar-, Jovino Novoa ha mostrado su conformidad con el sistema político, ya que a su juicio, le ha dado “estabilidad” a la nación. La probabilidad de que el Ejecutivo en manos de la derecha desate todos estos nudos es prácticamente cero; sería ir en contra de lo que ellos mismos establecieron.

            En ese estado de cosas, es importante entonces que se verifique una oposición realmente propositiva. No obstante, la Concertación carece de nuevos liderazgos y es muy probable que dentro de su seno comience a gestarse una división entre quienes ven la posibilidad de refundarla y entre quienes creen que la fórmula caducó. Por tanto, la alternativa de que de dicho sector emerjan serios contradictores a las políticas de Piñera es difusa. Ellos tienen que demostrar que más que una coalición de poder, son una coalición de construcción de un futuro más igualitario, pero aquello debe ir decantando, sobre todo en lo que suceda con el Partido Socialista, su eje articulador.

            Empero, tampoco deja de tener relevancia lo que suceda con las futuras organizaciones políticas y sociales de izquierda. Desde el gobierno, Piñera tendrá la facultad de desarticular la agenda de ese sector. Por ende, se hace necesario que la izquierda llegue a consensos, que cada una de las distintas agrupaciones hagan mutuas concesiones para recuperar el poder de convocatoria de antaño. Y eso se hará desde la contingencia, de lo contrario, cualquier esfuerzo de oposición será infructuoso, logrando extender el gobierno de derecha por cuatro años más.

            Estoy conciente de que muchos infirieron las conclusiones de esta ponencia antes de leer la misma. No obstante, su finalidad es dmostrar lo importante que es remendar la memoria a todos aquellos que ven en el nuevo gobierno el fin de etapas y el comienzo de otras más prósperas y más justas. La esperanza de más igualdad, más fraternidad y más libertad -por ahora- tendrá que esperar y es nuestra responsabilidad que aquella luz no se apague. Debe ser una labor digna del mayor encomio.

Por lo visto entonces, las discusiones en torno a los grandes proyectos país, a las grandes transformaciones y a los cambios político-estructurales han quedado a la deriva, sin que los comandos intenten siquiera hacer referencia a ellas. Más, sería injusto culpar solamente a Piñera o a Frei por ello, pues esa falta de confrontaciòn de ideas  se arrastra desde hace más de 30 años, con la gran crisis del petróleo y con la primera y determinante mirada de la China de Deng Xiaoping hacia el capitalismo. Los candidatos recièn iniciaban sus pasos políticos cuando ya el paradigna actual comenzaba a rodear al mundo.

No obstante, creo que hay una pregunta que debe hacerse: ¿es lícito que en Chile se omita esa dialéctica nacional esencial, siendo que en nuestra realidad hay tanto por realizar? La duda quizá no es tan legítima en los paises desarrollados, en donde las discusiones se centran más en los intereses que en las necesidades (ej. reforma a la salud en EEUU), pero en el octavo país más desigual de la Tierra, creo que la pregunta no es importante: es vital.

Y así, como ciudadanos no podemos permitir que quienes aspiran al máximo cargo del país no se pronuncien sobre temas trascendentales. Es un deber cívico pasarles la factura por no abordar los ejes que sentarán las bases del país por los próximos 2o años. El rol de sustentabilidad que debe ofrecer la conducción política de un presidente debe ser conocido por todos aquellos a quienes sus decisiones afectarán por largo tiempo.

Es impresentable que desde ninguno de los sectores que actualmente están en la pelea por el siilón de O’Higginns exista pronunciamiento alguno acerca del ítem fundamental de la economía chilena: el cobre, ¿o acaso estarán cómodos con el actual estado de las cosas? Analizando las actuaciones políticas pasadas referentes al tema, es muy probable que la respuesta a esa interrogante sea afirmativa. A nadie le interesa que las mineras privadas no paguen impuestos por la tierra que extraen de Chile (o en el mejor de los casos, pagan una miseria), a nadie le importa que la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco no sea apta para los desafíos del siglo XXI, etc., y así podríamos seguir desetrañando todos los silencios cómplices, las omisiones culposas y los engaños encubiertos de falacias democráticas para ocultar la miopía y la falta de conexión entre el país y ellos, sus dirigentes.

Los golpes del poder por el poder intoxican a la sociedad. Sin definiciones en los temas claves y sin una mirada a largo plazo sobre la sociedad que queremos ser, estas elecciones no son más que la muestra del efecto del veneno que venimos consumiendo desde el 73. Con la Concertación -que duda cabe- el sabor se ha hecho más dulce, pero no por ello deja de ser menos dañino. Guissepe Mazzini, celebre demócrata italiano escribió que “el secreto del poder está en la voluntad”. Acá en Chile, una voluntad genuinamente transformadora no existe, y eso es peligroso, porque el Estado como generador de prioridades en pos del bien común va desapareciendo, quedando la sociedad huérfana de cohesión social, retrocediendo hacia un estado feudal, en donde sólo los poderosos van trazando las directrices. Por ello, sería conveniente que mañana, en el día de las elecciones (fiesta democrática puaj!) dejemos de beber la cícuta y anulemos nuestro voto, para así decir que estamos vivos y somos conscientes de que su forma de hacer política no nos representa.

Lo cierto es que nada más lejano de la realidad y dejémoslo claro: Marco es un candidato de izquierda, pero no de aquella etnocentrista y excluyente, que deviene en conflictos intestinos que impiden la construcción de una orgánica social y política amplia; sino que lo es de una izquierda que convoca a distintos sectores a realizar un pacto por el país y por su gente.  En ese sentido, la definición no importa tanto como la ontología de quienes apoyan su candidatura, pues al converger en puntos mínimos y básicos que permitan erigir los pilares de lo que será un gran acuerdo nacional, Marco da más gobernabilidad que cualquiera de los otros. Por otra parte, olvidan estos críticos que la gobernabilidad depende de diversos factores -principalmente de la nación misma, su gente- y que el Poder Ejecutivo es tan sólo uno de ellos.

En efecto y apoyando lo anterior, podemos decir sin temor a equivocarnos que la candidatura de ME-O es la primera que en mucho tiempo ha afirmado, con verdadera convicción, de que no hay razones para excluir a nadie por su domicilio partidista si está de acuerdo con una reforma tributaria que eleve el impuesto a la renta y baje la imposición a las personas; que no hay razones para apartar a quien profesa un estilo de vida distinto al propio, pero siente la mismas ganas de generar libertades para las minorías sexuales; que no hay razones para excluir a quien en la historia no ha caminado junto a uno, pero cree que el Estado debe garantizar una educación de calidad, entre otros aspectos. En definitiva, su candidatura es la que mejor ha entendido que en la sociedad hay muchas necesidades que requieren para su satisfacción, de una mirada más allá de los horizontes tradicionales.

Todo aquello debe sin duda asustar a quienes han usufructuado de una acción política sesgada. Quienes ven en las divisiones motivos de exclusión y no de oportunidades de provocar una dialéctica que contribuya a aumentar el acervo social frente a las profundas contradicciones que enfrenta éste con el sistema, no deben ver con buenos ojos a un diputado que ha logrado lo que muchos se propusieron en el pasado, pero que nunca consiguieron: superar definitivamente la transición concertacionista.

Y es que no puede ser de otra manera: donde antes habían negociados, Marco propone decisiones consensuadas con la ciudadanía; donde antes la Concertación y la derecha guardaban silencios cómplices, Marco enfatiza la publicidad de los problemas y sus soluciones. Es el nuevo enfoque, que difiere completamente del estilo agotado y hermético que quieren mantener los dos candidatos del duopolio político.

Quizás para más de alguno esto puede ser mera palabrería de campaña, pero no es así. Marco Enríquez-Ominami ha propuesto una serie de proyectos que pretenden devolver al pueblo su genuino poder sobre la esfera de lo público: ley de primarias en los partidos políticos, intendentes electos, iniciativa popular de ley, eliminación del sistema binominal, ley de cuotas para la mujer y los pueblos originarios, etc., todos los cuales, van dando fisonomía a uno de los ejes fundamentales de su futuro gobierno: una gran reforma política.

En definitiva, la única candidatura que entiende y se hace cargo de los cambios sociales, políticos e históricos que han devenido en la nación es la de ME-O. Al contrario de las otras postulaciones que buscan su legitimidad después de su origen, Marco es el resultado de muchas voces que creen en el diálogo social como forma de practicar democracia. Quizás eso es lo que no entienden sus detractores, hijos del clientelismo y de la elitización. No son capaces de comprender que, con la concatenación social que produce la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, se puede hacer realidad la famosa frase de Voltaire que reza: “detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo”.